Del terreno privado al bien común forzado: el Precio del progreso

La ciudad de Panamá ha crecido más rápido de lo que las proyecciones podían prever, alcanzando más de dos millones de personas en su área metropolitana para el 2023, según el INEC. Este crecimiento urbano, con deficiente planificación, ha dado como resultado un territorio fragmentado y desorganizado, con poca conectividad vial que ha derivado en problemas urbanos como: deficiente abastecimiento de servicios básicos, infraestructura urbana en mal estado, poco desarrollo económico y una ocupación desordenada del territorio.

Para enfrentar esta situación es posible desarrollar proyectos de intervención vial como: ensanchar vías existentes aumentando la capacidad vehicular, también es posible generar nuevas conexiones viales con el fin de terminar de tejer la trama urbana de la ciudad, pero esto entraría en conflicto con la propiedad privada.

En distintos sectores de la ciudad es evidente que algunas construcciones parecen invadir la vía pública ya que se ha construido sin respetar los límites de la servidumbre vial. Este escenario refleja un problema complejo: aunque las familias han ocupado espacio público, existe un componente socioeconómico que no puede ignorarse, muchos se enfrentan a perder parcial o totalmente la inversión de sus hogares y negocios, situación que genera conflictos sociales y demandas legales, complicando la gestión.

En otros casos, la poca planificación del territorio ha dejado vías estrechas y sin servidumbre definida, lo que dificulta la ampliación de estas calles, en ambos casos ampliar las vías implica inevitablemente ocupar terrenos privados, generando tensiones entre el interés colectivo y el derecho individual a la propiedad privada, afectando la armonía y la convivencia de las comunidades.

Analizando esto desde un enfoque externo y teórico, es fácil argumentar que el bien común debe primar sobre el bien individual ¿Hasta qué punto puede la ciudad progresar si el derecho individual a la propiedad se convierte en un obstáculo infranqueable para el bienestar de la mayoría?

Sin embargo, esta perspectiva cambia radicalmente cuando se es el afectado, cuando el terreno afectado es el nuestro ¿Cómo se sentiría si el Estado le exigiera entregar parte del terreno por el que tanto ha trabajado o el local de su negocio? ¿Realmente se puede hablar de "bien común" cuando el sacrificio lo hacen otros? ¿Dónde queda la justicia y la indemnización para quienes, en muchos casos, son también víctimas de una planificación estatal deficiente? No podemos hablar de bien común cuando el sacrificio recae desproporcionadamente sobre unos pocos.

El verdadero desafío que tenemos como sociedad no es decidir entre si debe primar el bien colectivo o el individual, sino en diseñar mecanismos que nos ayuden a tomar decisiones equilibradas, justas y transparentes que incluyan compensaciones reales que no se limiten al valor comercial, sino que también ayuden a mitigar los daños sociales y emocionales además de acompañamiento a los involucrados. Estos mecanismos deben ser liderados por el Estado en conjunto con la participación de los ciudadanos, en otras palabras, esto se traduce en procesos participativos, con valoraciones que reconozcan el valor económico, afectivo y cultural, transformando el bien común forzado en uno consensuado.

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Arq. César Solís