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De la Invasión a la Planificación: Historia y Participación Ciudadana en San Miguelito


San Miguelito nace de la decisión de la población y no de una planificación estatal. Su origen está marcado por “hacer de la vista gorda” del Estado frente a una crisis habitacional que, lejos de ser atendida con políticas públicas, fue resuelta por la acción directa del pueblo. En la década de 1920, pobladores de Los Santos y la Isla de San Miguel ocuparon tierras de forma informal, iniciando una comunidad que, con esfuerzo colectivo, se convirtió en símbolo de lucha por el derecho a la tierra y la vivienda digna o decorosa.


Este evento, lejos de ser aislado, revela una constante en la historia urbana de Panamá: cuando el Estado no planifica, el pueblo resuelve de forma improvisada. Cabe destacar que esas “improvisaciones” siempre vienen con consecuencias o efectos negativos. El crecimiento explosivo de San Miguelito, de 12,975 habitantes en 1960 a más de 68,000 en 1970, ocurrió sin la infraestructura adecuada, sin servicios básicos garantizados y sin un modelo de desarrollo sostenible. Hablamos de un distrito carente de aceras, con problemas en el suministro de agua, con riesgo a deslizamientos, etc. La autoconstrucción y la presión ciudadana lograron avances, como la creación oficial del distrito en 1970 y el Acuerdo 1 de 1976, que facilitó los permisos de construcción. Sin embargo, estos logros no deben romantizarse: fueron respuestas tardías a una deuda histórica del Estado.


Hoy, con más de 280,000 habitantes, San Miguelito enfrenta retos que no pueden seguir siendo gestionados desde la improvisación. Movilidad, seguridad, educación, gestión ambiental, sistema de recolección de basura e infraestructura son problemas persistentes que requieren de una planificación seria, pero también de una participación ciudadana real, no simbólica. Proyectos como el Metro y el futuro Metrocable son avances técnicos, pero ¿qué tan inclusivos son en su implementación? ¿Se consulta verdaderamente a las comunidades afectadas por reubicaciones? ¿Se gestiona el conflicto o se impone la solución?


La participación ciudadana debe ir más allá de la asistencia a reuniones informativas. Debe ser vinculante, activa y respetuosa de los saberes locales. San Miguelito ha demostrado que su gente tiene capacidad organizativa, pero no puede seguir siendo quien cargue con el peso de la planificación urbana. El Estado debe asumir su rol, no como ente controlador, sino como ente regulador y facilitador de procesos participativos y de gestión de conflictos sociales.


La historia de San Miguelito es una advertencia,cuando se deja la planificación en manos del pueblo por ausencia del Estado, se corre el riesgo de perpetuar desigualdades y vulnerabilidades. De la invasión a la planificación, sí, pero con una crítica clara, no es el pueblo quien debe seguir corrigiendo los errores del Estado. Es hora de que las autoridades reconozcan que la participación ciudadana no es un obstáculo, sino la única vía legítima para construir ciudades justas, sostenibles y verdaderamente democráticas.


 Autor: Arq. Amalia K. Saavedra M.

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